COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Medellín, 20 de noviembre de 2019 

Abre tu boca en favor del mudo, por la causa de todos los abandonados, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del mísero y del pobre. (Proverbio 31,8-9) 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Asunto: intensificación de hechos violentos y asesinatos a civiles, una realidad que no cesa en el Bajo Atrato Chocoano

 “La realidad del conflicto social y armado que vivió la región del Bajo Atrato de 1995 al 2005 sigue casi igual, las comunidades confinadas, desplazadas, asesinatos frecuentes, presión a las autoridades étnicas, despojo territorial, se intensifica la presencia de todos los actores armados, y el control territorial y social por estos actores es casi el mismo. Igualmente, el comportamiento de negación de la existencia y poca acción efectiva de las diferentes instancias del Estado y Gobiernos de esta problemática es el mismo”. ¿Qué deben esperar las comunidades? ¿Deberán esperar las comunidades las mismas consecuencias del periodo entre 1995 y 2005 que son públicamente conocidas y que al día de hoy no se superan y por el contrario se agudizan? 

Los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María- Colombia y Venezuela y la Fundación Promoción Claretiana para el Desarrollo en Colombia y Venezuela (PROCLADE COLVEN), expresan su profunda preocupación y solidaridad con el sufrimiento que padecen las comunidades rurales del Bajo Atrato, generado por la violencia que se sigue ensañando sus territorios ancestrales. Hemos tenido presencia en este territorio desde 1969 hasta la fecha, hemos caminado junto con estas comunidades, testigo de todos los momentos de sus realidades, durante todo este tiempo hemos acompañado sus historias y proyectos de vida.

 El acuerdo de paz fue acogido en estas zonas abatidas por el conflicto armado con una alegre y optimista esperanza; pero este sueño colectivo ha durado muy poco, empezando por la lenta e ineficiente implementación del mismo, y hoy estas poblaciones del territorio chocoano, experimentan nuevamente la persistencia de factores desestabilizadores de la paz, entre ellos: la ausencia de la presencia social del Estado, la amenaza y asesinato de líderes sociales, la presencia de nuevos grupos armados ilegales, la incertidumbre y el temor ante el riesgo de reclutamiento forzado de las y los jóvenes tal como lo reflejan las alarmantes cifras de 152 jóvenes recuperados en el departamento del Chocó, Antioquia y Córdoba1 , la imposibilidad de un retorno seguro y en condiciones dignas para las cientos de familias que abandonaron forzosamente sus tierras a finales de la década del 90. A todo esto se suman de manera preocupante el control social y territorial por parte de actores ilegales quienes solicitan los censos comunitarios a cabildos indígenas y consejos comunitarios, el secuestro y lamentable asesinato de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección el pasado martes 11 de noviembre, al parecer, en el marco de sus labores como escoltas de líderes sociales del territorio. 

Hay razones para la desesperanza, pero también para demandar del Estado, su compromiso con la seguridad de cada uno de los ciudadanos, su compromiso con la paz y en particular el cumplimiento con el acuerdo de paz. Expresamos nuestra preocupación como iglesia que históricamente hemos caminado junto a las comunidades y acompañamos sus proyectos colectivos de vida, que no exista una estrategia del Estado y el Gobierno para que el Estado de Derecho impere en este territorio y por el contrario son los actores ilegales quienes imponen su ley bajo la mirada omisiva y permisiva de la institucionalidad de los diferentes niveles, realidad que presenciamos entre 1995 y 2005. La crisis humanitaria que vivió este territorio en el pasado es de las más tristes y duras del país y no se puede permitir que las mismas estrategias que se impusieron en el pasado para despojar la gente de su tierra, para el control del narcotráfico, para el tráfico de armas y personas, la vinculación de los jóvenes a la guerra y para someter social, económica y políticamente a las comunidades se esté repitiendo sin una acción de contención efectiva del Estado. Estas estrategias dejaron: miles de desplazados, centenares de muertos, territorios despojados, economías ilegales que se impusieron, muchas lideres amenazados y organizaciones comunitarias que se debilitaron y otras que las acabaron. 

Por lo anteriormente expuesto, y en nombre de quienes defendemos la vida como don supremo de Dios. Es urgente que el Estado avance en: 

1. Control del territorio desde el punto de vista de la inversión social. 

2. Entrega efectiva de los territorios de los que han sido despojadas las comunidades y sus autoridades étnicas y garantizar que los despojadores abandonen al territorio. 

3. Evitar el acaparamiento del territorio por actores armados ilegales y evitar que las fuerzas militares del Estado sean permisivas con la presencia de estos y mucho menos el actuar conjunto. 

4. Es necesario el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

5. Implementar los planes de vida y etnodesarrollo de las comunidades. 

6. Fortalecer los mecanismos de autoprotección que tienen las comunidades 

7. Capturar y judicializar a los responsables de conductas delictivas en la zona y mandar un mensaje que los delincuentes no tendrán más cabida en este territorio y la impunidad no será su respaldo. 

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS MISIONEROS CLARETIANOS DE LA PROVINCIA COLOMBIA VENEZUELA. 

1 Noticia del 12 de noviembre emitida por CM& UNO sistema informativo “ Ejercito ha recuperado 152 menores reclutados por grupos armados en Antioquia, Córdoba y Chocó” https://noticias.canal1.com.co/nacional/ejercito-ha-recuperado-152-menores-reclutados-por-gruposarmados-en-antioquia-cordoba-y-choco/